San Cristóbal de Las Casas, Chis. 4 de Febrero. De nuevo, como en el caso de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), una decisión aparentemente apresurada o mal calculada en las esferas del poder estatal, ha provocado que el gobierno de Chiapas recule, además de manifestaciones de protesta que han afectado a terceros.

Ahora el problema fue en la comunidad de Los Llanos, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la mayoría católica tradicionalista está enfrentada con un pequeño grupo evangélico, no sólo por diferencias religiosas, sino agrarias y políticas, como ocurre en localidades de otros municipios de la región.

El conflicto en Los Llanos comenzó a agudizarse en mayo del año pasado cuando los pobladores destruyeron un templo evangélico o una casa que funcionaba como tal. Una acción jurídica meses antes de que concluyera el año con el decomiso de madera aserrada ilegal de uno de los evangélicos, pudo haber frenado el conflicto, pero el gobierno no actuó a pesar de tener las pruebas.

Muchos meses transcurrieron sin que las autoridades estatales hicieran algo por solucionar el diferendo, hasta que a principios de enero supuestas provocaciones de los protestantes derivaron en la destrucción de 13 casas de su propiedad y su desplazamiento voluntario como forma de presión.

Ambos grupos se fueron radicalizando y las tres marchas y el  plantón que los protestantes mantienen frente al Palacio de Justicia en esta ciudad, además de otras acciones de presión de líderes de esa religión en la ciudad de México, llevaron a las autoridades del gobierno de Chiapas a detener al ex agente municipal de Los Llanos, Juan Gómez Díaz, el jueves 28 de enero, acusado de participar como autor intelectual y material en los daños ocasionados a los evangélicos.

Desde un día antes habían señales extrañas: desde la Secretaría de Gobierno y de la oficina de Asuntos Religiosos se hicieron insistentes llamadas telefónicas para convocar a una conferencia de prensa que darían en Los Llanos las autoridades de ese lugar. Siempre quedará la duda de si se trataba de una trampa porque 5 minutos antes de la hora prevista, llegó una nueva llamada para informar que se cancelaba la conferencia.

No habían pasado muchas horas cuando entre las 7 y 8 de la noche, Gómez Díaz, quien da clases en una escuela de Zinacantán, fue detenido en San Cristóbal por la policía estatal, y trasladado a la ya célebre finca Pitiquitos, para cumplir un arraigo de 30 días.

Esa misma noche y el siguiente día, pobladores de Los Llanos anduvieron infructuosamente buscando a algún evangélico para retenerlo y canjearlo por Gómez Díaz.

Como ello no fue posible, el sábado 30, más de 500 indígenas, hombres y mujeres con palos en las manos, bloquearon la carretera San Cristóbal-Palenque de las 9 de las 21 horas, generando inconformidad entre los usuarios de la vía que comunica a los principales centros turísticos de Chiapas, como las dos ciudades citadas y las cascadas de Agua Azul y Misolhá. Cada tres horas daban paso durante media hora, previo pago de 50 pesos por vehículo.

Ese mismo sábado una comisión de Los Llanos se reunió en esta ciudad con el subsecretario de Asuntos Religiosos del gobierno estatal, Enrique Ramírez Coronado, quien propuso a las autoridades comunitarias, que aceptaran el regreso de las cinco familias protestantes a cambio de la liberación del ex agente.

Un día después, la asamblea ejidal rechazó la propuesta y exigió la inmediata liberación de Gómez Díaz, argumentando que había sido detenido “injustamente”.

Ante la falta de respuesta del gobierno, que pretendía alargar hasta este jueves la reunión para tratar el tema, según las autoridades de la comunidad, nuevamente el martes cientos de tzotziles bloquearon la carretera que comunica a esta ciudad con Palenque. Esta vez el cierre fue total. No dieron paso a ningún vehículo. Hasta el titular de Tránsito del Estado, Gustavo Moscoso Zenteno que iba a una reunión a Ocosingo, tuvo que regresar.

Los inconformes no sólo cerraron el paso desde las 7 de la mañana sino que retuvieron a seis empleados federales y tres vehículos oficiales. Hacía media hora que había comenzado el bloqueo cuando llegó una camioneta de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en la que se transportaban los empleados Edgar Álvarez García, Alejandra Azucena García  Granajo y José Bernardino Toscano, que ese día cumpliría su primera jornada en la dependencia. Minutos después llegó otra camioneta de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en la que viajaban Jesús Zepeda Velásquez y Rusbel Monzón, y enseguida apareció una camioneta del Grupo de Protección al Migrante (Beta), conducida por Carlos Alberto Bustillo Gómez.

Los tres vehículos fueron retenidos y colocados juntos atravesados en la carretera, y los seis trabajadores fueron llevados a un punto sobre la carretera que conduce a Chanal, donde permanecían al aire libre, acompañados por varios pobladores, con quienes platicaban.

“Le dijimos: ‘disculpen, nos van a hacer favor de acompañarnos porque nos echó mentira el gobierno’, y ellos entendieron el motivo. Por eso los tenemos aquí presionando al gobierno para que suelte a nuestro compañero. No los hemos golpeado, los tenemos bien, y ya les dijimos que mientras no suelten al compañero aquí van a estar con nosotros”.

Uno de los retenidos confirmó a la prensa que los habían tratado bien. “No hay ningún problema, que no se entienda que hemos sido golpeados; al contrario nos han atendido, estamos platicando con ellos”, dijo uno de los trabajadores federales, ante las versiones de que habían sido agredidos.

Agregó: “Nos dieron de desayunar, y aquí vamos a estar con ellos. Pedimos que se solucione el problema porque somos parte de un programa y hay gente que nos espera en Ocosingo y no sabe qué está pasando aquí. Pedimos que le den agilidad a su exigencia”.

Las acciones de los habitantes de Los Llanos surtieron efecto, pues por la tarde ya se había programado una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. En ese encuentro se acordó la liberación del detenido, y poco antes de las 11 de la noche, la comisión regresaba con él a la comunidad para la entrega de los seis trabajadores federales retenidos y el desbloqueo de la carretera.

Ahora se concluye que el gobierno pudo haber evitado el bloqueo de la carretera el sábado y el martes -y consecuentemente pérdidas económicas importantes para muchas personas,  entre ellas las que se dedican a la prestación de servicios turísticos-, así como la retención de los empleados federales si no hubiera tomado la precipitada decisión de detener y mantener como rehén –según varios abogados eso es un arraigo en muchas ocasiones—a Juan Gómez Díaz, quien finalmente tuvo que ser liberado.

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