San Cristóbal de Las Casas, Chis. 4 de Marzo. El de la comunidad de Mitzitón no es el único conflicto grave que existe en comunidades de San Cristóbal de Las Casas, sino que también hay problemas graves en Taza de Agua, Los Llanos, Zacualpa y La Lagunita II, donde al igual que en Mitzitón, la torpe atención del gobierno estatal y municipal han derivado en violencia.

Sin buscar hacer una apología de hechos violentos, MIRADA SUR realiza un recuento del estado en que se encuentran estos conflictos. Por ejemplo en la Lagunita II, ya se cumplieron tres meses y el conflicto sigue empantanado. Así lo confirma Octavio Zunún Aguilar, dirigente de la OPEZ Histórica y uno de los representantes de la parte agredida en noviembre pasado por presuntos zapatistas.

“Los funcionarios del gobierno de Chiapas se han empeñado en convocar a la otra parte, pero no acude y nosotros estamos insistiendo porque no queremos enfrentamientos ahí más de los que ya habido”, señaló.

Informó que el pasado 29 de enero “fue la última reunión con los funcionarios de gobierno pero las tres convocatorias que se han hecho, no han tenido éxito; ahorita estamos buscando puertas para ver si por la vía legal se puede arreglar el asunto de la tierra, pero al gobierno como que tampoco le interesa mucho”.

El conflicto, que derivó en la retención de Macario Pérez Sánchez por 24 horas el pasado 23 de noviembre, es por la disputa de un terreno de 42 hectáreas, aunque Macario, a quien le corresponde una parte, propuso repartirlo proporcionalmente entre 5 hermanos, “pero no se puede negociar si la otra parte no está, aunque nosotros estamos dando muestras de solución de este problema”.

Según Octavio Zunún, Macario, un indígena tsotsil que fue seguidor del EZLN, “está aislado en la casa de unos familiares, en el mismo predio pero en diferentes partes, no está viviendo en su casa; a él se le perdió dos hectáreas de chayote y hectárea y media de granadilla; estamos pidiendo al gobierno de que pueda resarcir el daño, aunque sea en un 50% porque su familia se quedó sin nada”.

Después del conflicto que se agravó en noviembre pasado, las 42 hectáreas quedaron  abandonadas; los campesinos afectados no pudieron levantar la cosecha, “ni el otro grupo quedó en posesión”.

En la comunidad de Zacualpa, también del municipio de San Cristóbal de Las Casas, hay un problema que las autoridades se han negado atender con prontitud. Según Andrés Pérez Hernández, agente rural municipal, dicha localidad es “un pueblo sin ley”, “no hay principio de autoridad”.

Denunció que hay una persona de nombre Saberino Pérez Pérez, a quien acusan de ser el más violento de la comunidad, quien parece ser que tiene atemorizada a la propia Subprocuraduría de Justicia del estado zona Altos, “pues vemos que se pasea impunemente y no hay autoridad que le diga o haga algo”.

Dijo que el grupo de Saberino Pérez Pérez junto con Eugenio Antonio Pérez Méndez, Enrique Eugenio Gómez Pérez, son los responsables de los hechos violentos registrados en Zacualpa, como por ejemplo el ocurrido en diciembre pasado cuando destruyeron lo que sería una casa de salud comunitaria.

“Todo eso y más han hecho en Zacualpa pero vemos que nadie los detiene, han sembrado la zozobra y la incertidumbre; a cada rato golpean o detienen a alguien, incluso ya se pelearon con gente de la CNPI de San Felipe Ecatapec, que antes eran del mismo grupo, pero ya nadie los aguanta”, señaló. 

Los hechos violentos han venido ocurriendo desde 1998, hay averiguaciones previas, actas administrativas en la Subprocuraduría de Justicia Indígena contra este grupo pero la autoridad judicial hace nada, “ya no se puede vivir tranquilo en Zacualpa porque ellos amenazan y agreden a quien sea”.

El conflicto fue atendido tibiamente por el médico veterinario, Asbel Ochoa Cruz, Director de Atención Municipal del Gobierno de Chiapas, con quien sostuvieron una reunión en Tuxtla Gutiérrez, “pero eso fue todo, ya tienen toda la información y no han hecho nada, por eso les pedimos a los funcionarios que actúen más rápido antes de que sucedan hechos más graves en Zacualpa”.

En la comunidad Taza de Agua prevalece un añejo conflicto por la disputa de un manantial. Los habitantes de este lugar perteneciente al municipio de San Cristóbal, denunciaron que fueron agredidos por policías municipales del Ayuntamiento coleto, señalaron al alcalde Mariano Díaz Ochoa de causar hechos violentos e informaron que cortaron el agua a pobladores de San Antonio El Pinar.

En un documento firmado por Mario López López, agente rural municipal de la comunidad Taza de Agua, y demás autoridades del lugar, señalan que el pasado 23 de febrero, 5 patrullas con agentes de la Policía Municipal que acompañaban al alcalde Mariano Díaz Ochoa, junto con Melitón Hernández López, comisariado ejidal de El Pinar y gente de esa localidad, “llegaron para construir un muro en nuestro manantial que está dentro de nuestro territorio de Taza de Agua”.

Las autoridades municipales construyeron un muro, luego detuvieron a tres personas de nombres Andrés López López, Cecilio López López y Rubino López López, que son habitantes de la comunidad Taza de Agua, quienes fueron golpeados por policías municipales durante su traslado; los policías municipales se quedaron con un celular Sony Ericsson y una cámara digital marca Sony.

Fue golpeada por la policía la señora Rosa Díaz López sin tener culpa. Un vehículo que fue colocado para impedir el paso de las patrullas, fue llevado al corralón ubicado en la ciudad de San Cristóbal.

Explicaron que los habitantes de la comunidad Taza de Agua se juntaron para pedir la libertad  de los tres detenidos a quienes la Policía Municipal les fabricó los delitos de intento de homicidio y lesiones. Acudieron a las oficinas de la Procuraduría de Justicia zona Altos, con sede en la ciudad de San Cristóbal, a donde llegaron a las 7 de la noche para exigir la liberación inmediata e incondicional de sus tres compañeros, que fueron  puestos en libertad como eso de las 12:30 de la noche.

Dijeron que habitantes de las 4 comunidades que obtienen agua del manantial en disputa: Taza de Agua, La Sierra, Corazón de María y Escalón “hemos empezado a actuar destruyendo el muro que el día 23 de febrero llegaron a construir y también hemos tomado la decisión de ya no darle el agua a San Antonio El Pinar, porque nos han faltado al respeto, ya que ellos nos han metido en este problema”.

Acusaron a los habitantes de San Antonio El Pinar de estar en complicidad con el edil Mariano Díaz Ochoa. “Han violentado nuestro derecho como pueblos indígenas, metiéndose en nuestro territorio sin respeto, por eso estamos organizados para defender a como dé lugar nuestro manantial”, mencionaron.

Piden que las autoridades municipales y los habitantes de San Antonio El Pinar, no vuelvan a meterse en su territorio donde está el manantial “porque ya no queremos más problemas con esa gente”.