San Cristóbal de Las Casas, Chis. 11 de Marzo. Comerciantes de San Cristóbal de Las Casas solicitaron la intervención del Congreso del estado para que ponga un alto a los abusos que han sufrido de la delegación de la Secretaría de Hacienda en la zona Altos de Chiapas, ya que les han venido haciendo cobros indebidos.

Un grupo de comerciantes que por temor a represalias guarda su identidad, indicó que aparte del problema de los cobros excesivos por trámites que deben pagar ante la Secretaría de Hacienda del estado, han venido sufriendo el acoso de los auditores de dicha dependencia que se presentan constantemente.

Explicaron que desde el año pasado, personal de Hacienda ha venido realizando auditorías a los comerciantes que tienen giros de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas. Les llegan a auditar de 3 años atrás, les exigen la presentación de documentación, pero si en ese momento éstos no son exhibidos (como recibos que se hayan traspapelado o no los encuentran), inmediatamente les imponen multas.

Pero luego viene otra anomalía: el auditor le informa al comerciante que él puede hacer la búsqueda de los documentos faltantes en la oficina de Hacienda, pero para ello piden un pago, “eso se nos hace un abuso, porque ellos tienen una base de datos y deben saber que ya pagamos”. El costo mínimo para hacer la búsqueda de un documento es de 400 pesos y la multa es de varios miles de pesos.

Desde el primer momento en que se presentan, los auditores intencionalmente tratan de enredar al comerciante, los empiezan a regañar diciéndoles que es su obligación enterarse de los nuevos pagos o trámites que hay que realizar ante la delegación de la Secretaría de Hacienda de San Cristóbal de Las Casas.

Los comerciantes señalaron que los mismos auditores les han comentado que si les avisan a tiempo qué pagos tienen que realizar no le resulta redituable a la Secretaría de Hacienda, por eso “dejan que se junten los trámites para que luego nos manden auditorías y después nos cobren multas muy caras”.

Aclararon que muchos comerciantes que reciben estas auditorías, están pagando todos sus impuestos, “nosotros siempre queremos pagar y estar en orden, pero es el mismo gobierno que provoca que varios ya no paguen o que simplemente cierren sus negocios y acaben con cientos de empleos formales”.

“Vemos que la crisis económica continúa, que el gobierno no genera empleos, que hay quienes sí pagamos todos nuestros impuestos y no se vale que nos traten de esa forma”, indicaron.

Expresaron su repudio al incremento del refrendo de la licencia e hicieron un llamado a no pagar este cobro abusivo que golpea gravemente a quienes se dedican a actividades lícitas y sostienen un patrimonio familiar.

En un comunicado, informan a todos los comerciantes que tienen giros de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas “que le hemos pedido el apoyo a la profesora Cecilia Flores Pérez, delegada de la CANACO, con sede en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, para que gestione ante las autoridades estatales que se regule el pago de refrendo de dichas licencias, ya que en el año 2009 pagaron la cantidad de 2 mil 600 pesos, y ahora están queriendo cobrar la cantidad de 3 mil 929 pesos semestrales”.

Al año deberán pagar la cantidad de 7 mil 858 pesos más recargos para quienes no paguen en tiempo y forma. Antes, hasta descuentos habían para quienes pagaran más rápido, ahora el aumento por el pago de refrendo de licencia fue de más de 200% y ni siquiera habrán descuentos.

“Señores comerciantes esto no se vale, está bien que le hubieran subido un poco (a este impuesto) pero no tanto, esto es anticonstitucional; compañeros no paguen, esperen, pronto te llamaremos para darte mayor información; la crisis económica es muy difícil, y ahora con esto todavía la cosa es peor, sólo organizados lograremos rescatar o defender el pan de nuestras familias”, manifestaron.

Por lo anterior, solicitan a la Secretaría de Hacienda información clara y con anticipación sobre los nuevos impuestos o trámites que deben realizar, cese a las auditorías porque sólo sirven para estafarlos, que el Congreso del estado intervenga para que se regularice esta situación y sean respetados sus derechos.

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