Tuxtla Gutiérrez, Chis. 11 de Marzo.

Los ex trabajadores de la Finca Cafetalera Ixtapil (Liquidámbar) denunciaron que fueron amenazados, perseguidos y varios de ellos encarcelados por el gobierno del estado de Chiapas, y del municipio de Ángel Albino Corzo, además de caciques, que “nos han despojado de nuestros derechos y nos han hecho a un lado como animales”, cuando trataron de tomar posesión de las tierras que les pertenece.

Los jornaleros, unas 500 personas, dijeron que desde hace años ha existido incertidumbre por el pago de sus salarios (que devengaron en extenuantes horas de trabajo que rebasaba las 8 horas diarias) y se les ha tratado de la peor manera sin contar con ningún apoyo de ninguna índole, ni asistencia social.

La misma finca ha sido explotada primeramente por extranjeros alemanes y últimamente por Guillermo Escudero Robles y Braulio Martínez Martínez, que la han dejado en una insolvencia financiera.

Entrevistados por MIRADA SUR, los campesinos informaron que el 5 de diciembre de 2008, firmaron un convenio entre el patrón y la clase trabajadora ante la autoridad del municipio de Huixtán -por así convenir a los intereses de los trabajadores- para darle mayor certidumbre a la fuente laboral, convenio ratificado por el patrón ante el notario público número 25 con sede en Tuxtla Gutiérrez.

El 19 de enero del año 2010, se realiza el convenio de terminación laboral y liquidación de prestaciones, mismo que pide sea sancionado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Chiapas.

Conforme a lo estipulado en ambos convenios, se transmite la posesión y el usufructo en beneficio de los trabajadores para que hagan frente a las deudas que tiene la finca con diversos bancos y acreedores, por lo cual toman posesión en carácter de usufructuario y resguardo de la finca el 20 de enero de 2010, para lo cual se lleva un notario para dar fe de las condiciones en la que se encuentra.

Desde esa fecha, siguieron sus actividades “pero ya pensando en capitalizar la finca para hacer los pagos de los prediales, y enviar una comisión de negociación con Bancrisa a la ciudad de México, ya que hasta la fecha las deudas que contrajeron los dueños con el banco no se han cubierto, según lo reportan los gravámenes, mismos que obran en el Registro Público de la Propiedad y Comercio”.

Informaron que promovieron un amparo “porque sabemos que los explotadores de la finca están cubriendo otras deudas con el dinero nuestro, además se pretende confrontarnos con otros grupos de choque, con la única finalidad de que cobardemente salgamos y ellos sigan deteriorando cada vez más nuestra fuente de trabajo, con la finalidad de que nosotros nos cansemos y botemos la toalla”.

Operativo contra trabajadores

Siendo las 12 horas del 24 de enero de este año,  por medio de un fuerte dispositivo de policías adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno del estado de Chiapas,  fueron desalojados de su fuente de trabajo y “desde ese día nos sacaron a dormir a las galleras como perros”.

Durante este operativo, “detuvieron a nuestros compañeros, los privaron de su libertad y posesión y bajo la amenaza psicológica, los llevaron en helicópteros; a otras personas por tierra les quitaron sus vehículos, y aún cuando se les mostró el amparo, hicieron caso omiso del mismo, llevándolos a la Procuraduría a firmar y sellar con sus huellas documentos que ni siquiera entienden”.

El pasado 28 de febrero también fueron agredidos, ya que ese día fueron sacados por pistoleros y policías estatales, por lo que a partir de esa fecha “nos encontramos frente a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo justicia e iniciando todos los trámites jurídicos para resolver nuestros problemas”.

Acusaron a “los enganchadores” de robar la cosecha, “mientras que la policía se ha dedicado a robar pertenencias, productos y dinero de los trabajadores, de los cuales se está contabilizando para iniciar las demandas correspondientes por los delitos que corresponden al robo, daños y abuso de autoridad”.

Indicaron que “están penetrando la finca gentes armadas (rifles, ametralladoras, pistolas), que en compañía de Braulio Martínez y personas que dicen ser pistoleros, disparan, ejercen actos de violencia”, con la compañía cómplice de la policía estatal, para ejercer violencia física y psicológica.

Panteón clandestino en finca

Además de todos esos atropellos en contra de la gente más humilde y más necesitada que son los indígenas, obreros y campesinos, denunciaron que hay enterrados cadáveres “de muchos seres queridos y otros que de manera clandestina y por falta de medicamentos morían por diversas enfermedades”.

“En la finca el camino de nuestra gente era muerte indigna, no podemos tener a nuestros deudos en cristiana sepultura, por lo que exigimos que una comisión investigue y llegue al lugar de los hechos”, señalaron.

Informaron que el gobierno tiene bloqueado el acceso a la finca porque no quiere que se haga pública que existe un panteón clandestino y que éste ha servido como entierro clandestino, entre otros de líderes sociales que se encuentran desaparecidos y que nunca se supo dónde quedaron sus restos.

Narraron que en la pista de aterrizaje de la finca “se veía bajar avionetas y otras veces helicópteros, donde bajaban a gente y después de gritos, a veces disparos que en momentos se dejaban de escuchar, sólo se oía a la hora o dos horas que de nuevo se retiraban en su medio de transporte aéreo, y no permitían los patrones ni la gente que resguardaba el panteón clandestino, el acceso a las fosas”.

Recordaron que “pasado algún tiempo, dejaban nuevamente abierto el panteón para que los trabajadores visitaran las tumbas o los restos de sus deudos que aparentemente ahí se depositaban pero con la expresión de discriminación racial de los alemanes: ‘estos chamulas muertos sólo sirven para abono”.

Trabajadores en la esclavitud

“Estamos siendo mancillados nuestros derechos humanos y violentadas nuestras garantías constitucionales, individuales y sociales, por lo que estamos en lucha y solicitamos el apoyo de  diversas organizaciones para que nos ayuden, porque nos han quitado el sustento familiar, nuestro techo, comida y dignidad, porque estamos siendo tratados peor que animales”, manifestaron

“No es posible que se siga admitiendo tantas arbitrariedades en pleno siglo XXI; que el gobierno prefiera que el café se caiga de la planta y matándonos de hambre; que discrimine a los pobres, a los de color, a los indígenas por gobernantes neoliberalistas y neoperredistas, que llegan al poder utilizando la política del violín (llegan al poder con la mano izquierda pero tocan con la mano derecha)”, consideraron.

Dijeron que “la intención de Guillermo Escudero Robles y Braulio Martínez Martínez, este último comandante de las guardias blancas, y sus secuaces, es haber confrontado al grupo de trabajadores mexicanos con otras gentes que provienen de Guatemala y Centroamérica para utilizarlo como grupo de choque y después explotarlos cortando café sin que se les pague prestaciones de ley, ya que no les pagan ni siquiera sus jornales que les prometieron y los han llevado a otra finca a cortar café y los amenazan con llevarlos a migración para que los deporten, si no se van a su país”.

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