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Recientemente se han presentado en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal atentados en contra de periodistas. Es evidente que tales ataques obedecen al ejercicio de su oficio como periodistas, puesto que no existen otras razones que expliquen los mismos. Aunque la libertad de expresión constituye un derecho de todas las personas, son los periodistas quienes más frecuentemente lo ejercen derivado de que hacen del ejercicio del derecho su actividad laboral y cotidiana.

La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática. En ello han coincidido los tribunales europeo e interamericano de derechos humanos al analizar la responsabilidad de los Estados con relación al derecho a la libertad de expresión. Y en efecto así es, resulta difícil calificar a una sociedad como democrática si no existen garantías que aseguren la libre circulación de información, opiniones y noticias.

La libertad de expresión asegura, a su vez, la discusión amplia e informada de los temas más importantes que preocupan a una sociedad. Por eso es importante no sólo que exista una variedad de medios de información, sino que también los medios y los periodistas puedan publicar la información de interés público sin ningún tipo de censura. La garantía de este derecho consiste en la prohibición que existe de limitar la información, pensamiento, u opinión que se quiere difundir.

En Chiapas suele decirse que existe un clima de libertades que asegura la libre manifestación del pensamiento y la expresión de las ideas. Se agrega que hoy día ya no se persigue a los periodistas ni se amenaza a las empresas periodísticas, y se garantiza que todas las personas se expresen libremente. Lo cierto es que han disminuido los casos de atentados en contra de periodistas, aunque no pueda decirse lo mismo de otras personas que también han enfrentado o enfrentan problemas políticos o judiciales derivado de la manifestación del pensamiento.

Tampoco debe perderse de vista que una forma de limitar el ejercicio de la libertad de expresión lo constituye también el control sobre los medios de información. Este control deriva de una relación contractual entre el propietario de los medios de información y el gobierno. El objeto del contrato es la adquisición de publicidad a cambio de omitir la publicación de información no conveniente para los intereses del gobierno o de la entidad o persona contratante. De esta manera la libertad de expresión se convierte en una mercancía objeto de la negociación que se describe. Este mismo negocio puede implicar también la censura de la información publicada por el medio de información, y, en los casos en que el contrato deriva de una relación laboral o el otorgamiento de prebendas, incentivos o chayote, como se le llama en el argot periodístico, la autocensura.

La censura, entendida como la restricción o control anterior o posterior a la emisión del pensamiento, puede todavía advertirse en nuestra sociedad. La misma puede manifestarse de múltiples maneras, entre ellas interesa destacar aquellas que se presentan en nuestra entidad: las subvenciones gubernamentales a ciertos medios de comunicación en detrimento de otros y con la idea de modificar o influir en su línea editorial; la difusión obligatoria de ciertos actos, discursos o acontecimientos; la presión coactiva sobre la orientación o la información de los medios; incluso la prohibición de difundir ciertas ideas. 

Las circunstancias antes mencionadas no aseguran el disfrute del derecho a la manifestación del pensamiento y la circulación de las ideas, tan necesario en una sociedad democrática. En una sociedad son tan importantes los consensos como los disensos, y estos últimos no encuentran condiciones para manifestarse. De ahí que, a pesar de la variedad de medios de información que existen en Chiapas, resulte más que justificado que surjan medios alternativos, comunitarios, con la posibilidad de convertirse en canales para la difusión de las ideas, incluso de aquellas, críticas y adversas a las políticas y opiniones oficiales.

Es importante asegurar un ambiente adecuado para el ejercicio de la libertad de expresión en tanto que ello también asegura el ejercicio efectivo del derecho a la información. Este derecho de carácter social, implica la expectativa de recibir información veraz y lo menos manipulada posible, y ello solo puede asegurarse si quien ejerce la libertad de expresión se encuentra libre de todo condicionamiento político o económico.

Es posible que las mentes suspicaces se pregunten de dónde o de quién vienen los recursos económicos que patrocinan este esfuerzo informativo. No se devane el cerebro, Mirada Sur nace como un esfuerzo colectivo y tan modesto que sólo tiene como patrimonio la palabra. Su subsistencia, como se ha dicho, depende de todos y todas.